Imaginemos por un momento que, una mañana cualquiera, un grupo armado cruza hacia nuestro país. Irrumpe en varios pueblos del Norte de Santander o de Arauca. Asesina a 1,200 personas en un solo día, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Secuestra a 251 más y se las lleva a su territorio. Graban y publican videos. Lo celebran. Prometen repetirlo una y otra vez. Tienen los nervios de exigir términos para devolver a los rehenes. En universidades de otros países hay jóvenes justificándolo. Hay protestas en las grandes ciudades en apoyo al ataque. Y cuando Colombia decide responder con la fuerza, el mundo la acusa y desprestigia por ejercer su legítima defensa.
¿Qué sería lo mínimo que esperaríamos, racionalmente, del Estado colombiano? ¿No tendría el deber de responder?, ¿Sería razonable condenarlo por ejercer ese derecho?, ¿Sería lógico exigirle una guerra perfecta sin errores ni daño colateral?
Lo que acabo de describir no es un cuento. Ocurrió y, en parte, sigue ocurriendo. Ocurrió un 7 de octubre del 2023 en Israel, hace ya casi tres años, que el grupo Hamás perpetró el ataque más letal contra civiles en un solo día en la historia de ese país, motivados por el odio antisemita hacia Israel y el pueblo judío. Desde entonces, Israel pasó a ser víctima de una injustificable masacre a ser tratado como el gran culpable. El gran victimario. El país que debe ser aislado y juzgado en foros internacionales y organizaciones. El opresor, el ocupante, la gran paria de la ONU. La misma ONU que ha tenido a países como Irán en comisiones de derechos de la mujer.
Ahora, no todo palestino es Hamás. Hamás es una organización armada y extremista que gobierna una diminuta fracción de los territorios palestinos desde el 2007. Muchos palestinos no la eligieron, muchos la temen y muchos la sufren. Pero el 7 de octubre atacó deliberadamente a un país soberano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se acaba a una organización armada que opera desde una de las zonas más densamente pobladas del mundo sin que esa zona sufra? El hecho es que a Israel se le pide un estándar que no se le exige a casi ningún otro país, una precisión quirúrgica y de película, digna de Misión Imposible, en un contexto donde no solamente es complicado, sino irreal. Cuando cualquier país es atacado así, el consenso básico debería ser que tiene derecho a defenderse.
Una guerra no se define por quién tiene más poder o quién es más vulnerable. Se define, primero, por la manera en que comenzó la agresión y el derecho básico de un Estado a defender su existencia misma. Suena emocionalmente atractivo ponerse del lado con la menor ventaja, el desvalido, pero esta idea no le da la razón a ninguno.
¿Pero por qué, en el caso de Israel, viene con tantas trabas, cuestionamientos? ¿Por qué hay acusaciones de “genocidio”, el peor crimen habido y por haber? Se le exige ganar una guerra 100% urbana sin víctimas civiles, acabar con una organización armada que se mezcla deliberadamente con la población, proveer electricidad y ayuda humanitaria al territorio desde el cual fue atacado. Durante años, Hamás desvió miles de millones de dólares provenientes de ayuda humanitaria para construir una extensa red de túneles que, según estimaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, alcanza unos 500 kilómetros. Esta infraestructura, ligeramente más larga que el London Underground y aproximadamente la mitad del metro de Nueva York, funciona como una maquinaria de guerra que conecta hospitales, colegios y mezquitas. Al mismo tiempo, el grupo utiliza edificaciones civiles, lo que termina generando mayores afectaciones a la propiedad privada de la población gazatí que a las fuerzas militares israelíes.
Esa guerra no me es ajena. Aquí, no suenan sirenas antiaéreas a las dos de la mañana. No existen refugios obligatorios en edificios. No hay miklat (refugios) en nuestro colegio o en la calle. No es obligatorio por ley tener un merkhav mugan (cuarto de hierro reforzado) en cada apartamento. No crecemos con la expectativa de que un ataque pueda ocurrir en cualquier momento. Desde esa distancia es muy cómodo opinar. Para cualquiera que no sea judío, tenga familia en Israel, o una ciudadanía israelí (personalmente, cumplo con todas las anteriores), es muy fácil opinar al respecto. Tampoco vivimos en campos de refugiados sobreviviendo por la buena voluntad de otros, temiendo ser bombardeados por un ejército enemigo. Desde esta distancia muy cómodo, para alguien que no tenga nada que ver con Palestina, opinar.
El tema no es producir un juicio cuando una guerra ocurre lejos o cuando no sabemos mucho de ella, sino preguntarnos si aplicaríamos el mismo criterio y si seríamos justos si los muertos fueran nuestros. Si exigiríamos y criticaríamos tanto si fuera Colombia, y no Israel. Porque si hubiera ocurrido en nuestro país, probablemente no estaríamos discutiendo una posibilidad de estas, estaríamos exigiéndola.
